Camps: el verdadero poder en las sombras en La Pampa de los 70
Informes 14 julio, 2014 - 7:33
Norberto G. Asquini
Hoy debería estar procesado por delitos de lesa humanidad en la provincia por haber sido el primer jefe de la Subzona 14. Fue el oficial que subordinó el poder político al militar antes del golpe de 1976.
Desde su instalación en los años 40 en Toay, el Ejército, como ocurrió en el país, fue un factor de poder que intervino en la historia de la provincia. Desde la década de 1950 hasta la dictadura de 1976-1983, las instituciones pampeanas estuvieron condicionadas en varias oportunidades por el poder de las armas.
En 1955 partió de allí hacia Bahía Blanca la columna que fue a reprimir el levantamiento contra el presidente Juan Domingo Perón, y volvió “pasada” a los rebeldes de la “Libertadora” a hacerse cargo del control de la provincia. En 1956, salieron de allí los que reprimieron el levantamiento peronista del 9 de junio. Los militares fueron movilizados durante el enfrentamiento entre azules y colorados y en 1966 tomaron Casa de Gobierno ante un nuevo golpe. Fueron los hechos más visibles.
Trayectoria de un represor.
Pero la intervención más notoria fue durante los años 70. En ese momento, el jefe del Ejército en La Pampa, el coronel Ramón Camps, llegaría a tener más poder que el mismo gobernador. Formaría el grupo de tareas de la Subzona 14 todavía en tiempos del gobierno constitucional y sería dueño de las vidas de los sospechados de “subversivos”. Hoy, estaría entre los procesados en la causa denominada “Subzona 14 II” que investiga los secuestros y torturas en La Pampa entre 1975 y 1983. Pero ese paso por la provincia ha quedado soslayado no solo porque su tarea fue previa al golpe, sino por su macabra trayectoria posterior.
Luego de ser entre diciembre de 1973 y diciembre de 1975 el jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 en Toay, fue durante la dictadura titular de la Policía Bonaerense y en 1977 de la Policía Federal Argentina. Estuvo a cargo de los centros clandestinos de Buenos Aires y responsable de casos como “La Noche de los Lápices” en La Plata. Llegó a ser general de Brigada y fue juzgado por crímenes de lesa humanidad. Falleció en 1994.
El que observaba todo.
Camps asumió su cargo el 18 de diciembre de 1973. Un relevo institucional que si bien tuvo su difusión pública, no concitó demasiada atención. El acto fue presidido por un oficial delgado y de bigotes, poco conocido, el segundo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, general de Brigada Jorge Rafael Videla.
Camps, un hombre calvo y de gruesas cejas, se convirtió desde entonces en el jefe militar pampeano. Los entrevistados por el autor que lo trataron y compartieron encuentros y charlas con el oficial lo recordaron como un hombre serio, jactancioso y de una leve sonrisa. También rememoraron que con los meses, su interés por determinados aspectos en la provincia fue creciendo y su inquisidora mirada se posó en ciertos espacios y actividades. Así se hicieron habituales sus visitas a la Casa de Gobierno, las oficinas cercanas al gobernador José Aquiles Regazzoli y la Legislatura, a cargo del vicegobernador Rubén Marín. Se hicieron frecuentes sus consultas pretendidamente casuales sobre diferentes organismos y las llegadas inesperadas a instituciones como el hospital Lucio Molas. Con el tiempo, para varios de los consultados, esos pequeños hechos cobraron un sentido distinto al interés por la cosa pública.
Reuniones peligrosas.
Camps fue además un oficial al que tuvieron llegada muchos dirigentes conocidos de la provincia y con quien solían compartir almuerzos y cenas el gobernador y su familia, funcionarios, el obispo Adolfo Arana y otros políticos. Un coronel que tomaba nota de las sugerencias de muchos profesionales -como podían ser un médico, un abogado o un sacerdote- y grandes productores agropecuarios, que sentados a su lado aprovechaban para señalar aspectos oscuros de la política local o de personas ajenas a la provincia, conocedores o no de las consecuencias que podría acarrear semejante confidencia. Otros hablarían sin pruritos, durante esas reuniones, sobre sus ideas y pareceres con relación a temas espinosos para la época como la guerrilla, el Ejército, la situación nacional y la economía. El tomaba nota. El ex ministro de Obras Públicas, Santiago Covella, fallecido hace algunos días, recordaría al autor de este artículo que se arrepentiría de ello tras el golpe de 1976, cuando la policía lo detuvo e interrogó a los golpes y se dio cuenta que sus diálogos con el coronel lo habían condenado. Por supuesto, sus dichos habían sido distorsionados. El ex funcionario relató que había puesto en manos del jefe militar un camión con dinamita que estaba en el oeste de la provincia para hacer una obra pública, ante el temor de que fuera secuestrado. Después, durante los interrogatorios, sería acusado de haber acopiado material explosivo.
A fines de 1975, cuando iba a ser relevado, Camps comenzó a ser considerado como la persona que podía tener conocimiento de un hecho que era acuciante ante la situación del país: cuándo se iba a producir el golpe de Estado. El diputado nacional del justicialismo, Esteban Rolando y los provinciales Hermes Accáttoli y Roberto Gil, del derechista Comando de Organización, fueron hasta el cuartel. Lo consideraban “un militar peronista” y hablaron sobre la situación del país. Los últimos dos serían detenidos en las primeras horas del 24 de marzo de 1976.
Las razzias.
En 1975, el Ejército tomaría el control de las calles en La Pampa. Para ese entonces, Camps circulaba en un Ford Falcon Verde con chofer y custodia, e iba fuertemente armado. En un bolso de cuerina a cuadros llevaba una ametralladora PAM3 calibre 9 milímetros, entre otras armas.
El 6 de octubre el gobierno nacional firmó los decretos que pusieron en manos de las Fuerzas Armadas la “lucha contra la subversión”. Regazzoli ratificó el 16 de octubre el convenio entre la provincia y Nación que colocaba bajo control operacional del Consejo de Defensa a la policía pampeana. El 7 de noviembre, la legislatura ratificó el acuerdo y votó por unanimidad la ley 688.
La prensa comenzó, de a poco, a ser controlada por el Ejército y a varios periodistas se les indicaba cuáles notas podían ser escritas o no. Para esto, Camps convocaba a los hombres de prensa al cuartel en Toay, que eran obligados a asistir a esas “clases”, recordaría en su momento Raúl D’Atri. Por entonces, se había dado la orden de que los medios gráficos no podían publicar una solicitada si no tenía varias firmas responsables y, al día siguiente, un militar, ametralladora al hombro, pasaba por los diarios a retirar el escrito por las redacciones.
Camps quedó al frente de la Subzona 14 y el 12 de noviembre de 1975 ordenó la primera razzia en la provincia. Fue contra los organismos más innovadores, como la Universidad Nacional de La Pampa y el Servicio Provincial de Salud. Las víctimas: docentes y médicos llegados de afuera de la provincia y con ideas progresistas, y algunos militantes políticos. Pero ya en agosto había detenido a un profesor, hecho que produjo conmoción en la comunidad universitaria. También se lo sospecharía de haber colocado las bombas que explotaron en la sede del diario LA ARENA en agosto y en noviembre en la casa de la docente Ana Gispert Sauch.
El 12 de noviembre comenzaron las detenciones. En ese momento, mientras el coronel Camps ordenaba los arrestos, el gobernador Regazzoli estaba de gira de tres días por el interior. Desde la Subzona 14 del Ejército informaba: “En lo referido al procedimiento cumplido en la ciudad de Santa Rosa y en los que se incautó armamento, material subversivo y literatura de guerrilla se actuó con la correcta y debida interpretación de la ciudadanía que accediendo como testigos o facilitando el operativo ha permitido su adecuada concreción”. Camps justificaba la represión con armas inexistentes.
En ese momento, los médicos del hospital Lucio Molas hicieron un paro para protestar por las detenciones de sus colegas. Uno de los profesionales recordó que fue llamado por Camps a Toay. Lo llevaron en un vehículo militar y pensó lo peor. En su oficina, el coronel le ordenó que levantaran la medida porque iban a quedar todos presos.
Para entonces, el gobierno provincial no pudo hacer nada por las detenciones. Sabía los nombres de quienes iban a ser arrestados porque uno de sus funcionarios integraba la Comunidad de Información donde eran mencionados los supuestos “subversivos”. Pero ya el poder civil había sido subordinado al militar en materia de seguridad.
El traslado.
A fines de 1975 hubo movimientos en la oficialidad, y Camps fue trasladado. El 2 de diciembre Regazzoli le realizó un agasajo por su despedida en la residencia gubernamental acompañado de su esposa, los ministros, el obispo y otros funcionarios. Años después, quienes compartieron esas comidas recordarán la forma en que Regazzoli creía sus afirmaciones sobre defender la institucionalidad del país, a pesar de las advertencias de algún familiar que desconfiaba de los gestos de simpatía del militar. Otra comida de despedida se realizó en el Recreo Mercantil de General Pico donde las 62 Organizaciones lo agasajaron con un asado. También hubo otra en Miguel Riglos.
El 19 de diciembre, tomó posesión en su reemplazo en la jefatura del Destacamento 101 el coronel Fabio Carlos Iriart. Muchos coinciden que Camps fue quien dejó confeccionadas a su sucesor las listas con los nombres de los pampeanos que serían luego detenidos tras el golpe de Estado que ya estaba en marcha.
