La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo rechazó ayer el Decreto 58/19 que el presidente de la Nación Mauricio Macri firmó en enero autorizando la privatización de las frecuencias de la empresa estatal Arsat. El interbloque peronista Argentina Federal, el Frente para la Victoria-PJ y la senadora salteña Cristina Fiore alcanzaron la mayoría para dictaminar por la invalidez del decreto, y también de los DNU 62/19 (de extinción de dominio) y 92/19 (que reemplazó la Secretaría de Deportes por una Agencia de Deporte Nacional).
El decreto que vació de contenido a la compañía Arsat reunió ocho firmas en contra por parte de la oposición y ocho a favor de parte de los legisladores del frente Cambiemos. El empate, como estipula el reglamento, se saldó con el voto del presidente de la Bicameral, el kirchnerista Marcos Cleri, quien se sumó a la postura de rechazar el DNU.
La firma del polémico decreto por parte de Macri causó un profundo malestar en nuestra provincia, tanto al movimiento cooperativo, interesado en incursionar en el servicio de telefonía celular, como en el Centro Cívico, que impulsa la creación de una empresa de telecomunicaciones provincial, aprovechando el tendido de fibra óptica que pertenece a la estatal Aguas del Colorado.
Es que Macri, con su DNU, no solo redujo del 30 al 20% la cantidad de frecuencias que originalmente se pensaba entregar a cooperativas, pymes y Estados provinciales, sino que dejó a la Enacom como autoridad de aplicación. En La Pampa, cooperativas eléctricas como las de Santa Rosa, General Acha, Guatraché y Macachín, vienen denunciando hace tiempo que el organismo juega en contra del movimiento cooperativo bloqueando los permisos de TV por cable que las entidades tienen en trámite.
El PRO y la UCR unidos.
De acuerdo a lo informado por el sitio especializado parlamentario.com, la defensa del decreto de Macri fue realizada por el macrista Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO, quien aseguró que la medida hizo que “determinadas frecuencias destinadas exclusivamente a Arsat pasen a estar gestionadas por el Enacom, con la condición de que el Enacom las ponga a disposición del mercado mediante concurso público, y que el 20% de esas frecuencias esté destinado a operadores regionales”.
A Tonelli se sumó el senador radical Luis Naidenoff: “Las frecuencias hoy las tiene reservadas Arsat, pero la realidad indica que Arsat no tiene logística ni infraestructura para realizar la readecuación al 4G para lograr la conectividad en Argentina, que además está entre los 10 peores países del mundo”.
Ley Corta.
Desde la oposición, en cambio, advirtieron que esta modificación se encontraba contemplada en la “ley corta” de telecomunicaciones que se encontraba en plena discusión en la Cámara de Diputados, luego de que el Senado le diera media sanción tras un arduo debate. “Para que haya inversiones en telecomunicaciones se necesita un marco jurídico sancionado por el Congreso, para que haya reglas del juego claras”, advirtió el senador Daniel Lovera, del PJ La Pampa, que integra el Interbloque Federal.
“El DNU 58/19 no solo avasalla los propósitos establecidos en la Ley 27208, sino que además habilita la posibilidad para que las grandes empresas de telecomunicaciones fijen la prestación de un servicio con base en la demanda y no en la necesidad de acortar la brecha digital, siempre todos es en desmedro de los derechos de los argentinos. Se utiliza, una vez más, una herramienta excepcional para imponer la voluntad del gobierno, menoscabando el trabajo realizado por este Senado; en perjuicio de los pueblos del interior y de los contenidos regionales, y solo al servicio de unas pocas empresas”, disparó.
La senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente para la Victoria-PJ) fue otra de las voces que defendió a Arsat, al denunciar que el Decreto 58/19 era “un escalón más en la destrucción de la industria satelital”.
“No hay circunstancia excepcional”
Con la misma mecánica que con el DNU 58/19, la Bicameral rechazó los decretos 92/19, que reemplazó la Secretaría de Deportes por una Agencia de Deporte Nacional, y 62/19, de extinción de dominio. Al defender al primero de los decretos citados, Tonelli apuntó que la diferencia entre la Secretaría y la Agencia tenía que ver con el “carácter descentralizado y autárquico” que tendría la segunda para “actuar con mayor autonomía y celeridad”. Además, el macrista intentó despejar sospechas y aclaró que el ente no tenía atribuciones para vender inmuebles.
Lovera la salió al cruce y criticó que la Casa Rosada “considere que el Estado deba retirarse de determinados ámbitos”, y acusó a la gestión de Cambiemos de “desconocer el rol social del deporte”.
El pampeano también fue una de las voces que se alzó contra la decisión de Macri de aprobar el régimen de extinción de dominio por decreto. Dijo que el gobierno nacional no dejaba de sorprenderlo, dado que desconocía “el procedimiento parlamentario” al dictar un DNU sobre un tema que estaba en pleno tratamiento en el Congreso. “No existe ninguna circunstancia excepcional que impida continuar con el trámite de la ley”, dijo, al señalar que el presidente podría haber incluido el proyecto en la convocatoria a extraordinarias.
Además, Lovera recordó que “numerosos especialistas advirtieron sobre la inconstitucionalidad” del DNU, por considerar que legisla sobre materia penal, algo prohibido por la Constitución “tanto directa como indirectamente”.
Fuente La Arena
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