Legalización del aborto: La Pampa sin chances para el lobby celeste Por Norberto G. Asquini En días ingresará al Congreso el proyecto anunciado por el presidente Alberto Fernández sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Este domingo, la Iglesia católica hizo una demostración de fuerza de cara a la batalla que se vendrá con una misa multitudinaria convocada para celebrar el Día de la Mujer. En boca del obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea, se dieron los argumentos en contra de la legalización del aborto. La ley de ayer a hoy Los dos principales credos, católicos y evangélicos, pusieron nuevamente en marcha su maquinaria de lobby y sus estructuras para la disputa que se avecina en el Congreso. Los sectores a favor de la ley ya están movilizados. Esta vez, las chances de que salga son más concretas. En la Cámara de Diputados se espera que se reedite el escenario que permitió su aprobación el 14 de junio de 2018 para darle media sanción. Sobre todo ahora que tiene el aval del presidente y el Frente de Todos pone a prueba su capacidad para defender la iniciativa y respaldar al mandatario que considerará un triunfo político la aprobación. Será la Cámara de Senadores la que volverá a definir la suerte del proyecto para la legalización de la práctica. Allí naufragó la ley en la madrugada del 9 de agosto de 2018, con una votación de 38 en contra a 31 a favor y dos abstenciones. En ese reducto concentrarán su presión verdes y celestes. El rechazo parece perder votos dado que el nuevo proyecto tendría menos resistencias. Un análisis de la periodista Gabriela Pepe para Letra P indicó que los mandatarios provinciales que jugaron fuerte contra la ley en 2018 ahora bajarían el perfil para no confrontar con el presidente y darían libertad de acción a sus senadores y senadoras. En ese sentido, las provincias del norte (de perfil más tradicional y religioso y cuyos legisladores y legisladoras en su mayoría votaron en contra), ahora abrirían el juego. Quienes se oponen, tendrán que buscar salidas elegantes ante sus propias convicciones religiosas y al lobby de católicos y evangélicos si cambian de postura. Las posiciones de las y los pampeanos En La Pampa el lobby religioso parece que no va a tener chances tampoco en esta oportunidad, y menos esta vez. Los dos bandos están bien definidos, sobre todo por la continuidad de seis de los ocho legisladores nacionales que votaron hace dos años sobre el proyecto de despenalización del aborto. Al frente del gobierno provincial ahora está Sergio Ziliotto, que como diputado fue quien dio vuelta la votación hace dos años y logró el puñado de apoyos para dar la histórica victoria verde en la Cámara baja. Los tres diputados provinciales actuales del peronismo, Ariel Rauschenberger, Melina Delú y Hernán Pérez Araujo, estarán a favor de la aprobación de la ley. Los dos primeros lo hicieron en 2018, junto a Ziliotto. Pérez Araujo va convencido al recinto: durante la campaña de 2019 el tema fue parte de su discurso y hasta lo ratificó frente a sectores que le fueron a reclamar sobre su definición. Del lado de la oposición pampeana, Martín Maquieyra del PRO estará en contra, una posición que ya adoptó en la votación anterior. Falta saber qué hará el radical Martín Berhongaray. Votará por primera vez, y el anterior legislador radical, Daniel Kroneberger, lo hizo a favor. Esta vez Berhongaray llega sin una definición. Es un dirigente de posiciones intermedias que prefiere andar la senda de la moderación. Durante la campaña hubo quienes desde la militancia de la llamada “dos vidas” le pidieron en distintas reuniones por esta cuestión y los escuchó atentamente. Ante una consulta del autor el legislador indicó que “una vez que lo presente, lo empezaré a analizar. Veremos cuál es la iniciativa en concreto”. Sin necesidad de ningún lobby Legisladores nacionales del peronismo indicaron al autor que no habían tenido ningún llamado o pedido para reunirse por parte de los grupos religiosos sobre la anunciada ley, y que consideran que tampoco los tendrán porque ya conocen su postura. La llegada de Ziliotto al gobierno, el escaso caudal de votos que obtuvieron las listas que jugaron decididamente a favor de la posición celeste en las elecciones provinciales de 2019 (Comunidad Organizada y Pueblo Nuevo) y el alineamiento del peronismo pampeano con el gobierno nacional, abonan el terreno para definir un voto favorable de antemano. En cuanto al Senado, ya se sabe con antelación cómo van a votar los dos senadores y la senadora pampeana que estuvieron en el tratamiento de la ley en 2018. Los peronistas Daniel Lovera y Norma Durango a favor, y el radical Juan Carlos Marino en contra. Un calco de agosto de 2018. Se viene el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y una nueva batalla pública y mediática en torno a un tema que genera posturas encontradas y transversales en casi todos los sectores. No habrá demasiada sorpresa entre las y los legisladores pampeanos que definieron la trinchera que ocuparán.

Por Norberto G. Asquini

En días ingresará al Congreso el proyecto anunciado por el presidente Alberto Fernández sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Este domingo, la Iglesia católica hizo una demostración de fuerza de cara a la batalla que se vendrá con una misa multitudinaria convocada para celebrar el Día de la Mujer. En boca del obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea, se dieron los argumentos en contra de la legalización del aborto.

La ley de ayer a hoy

Los dos principales credos, católicos y evangélicos, pusieron nuevamente en marcha su maquinaria de lobby y sus estructuras para la disputa que se avecina en el Congreso. Los sectores a favor de la ley ya están movilizados. Esta vez, las chances de que salga son más concretas. En la Cámara de Diputados se espera que se reedite el escenario que permitió su aprobación el 14 de junio de 2018 para darle media sanción. Sobre todo ahora que tiene el aval del presidente y el Frente de Todos pone a prueba su capacidad para defender la iniciativa y respaldar al mandatario que considerará un triunfo político la aprobación.

Será la Cámara de Senadores la que volverá a definir la suerte del proyecto para la legalización de la práctica. Allí naufragó la ley en la madrugada del 9 de agosto de 2018, con una votación de 38 en contra a 31 a favor y dos abstenciones. En ese reducto concentrarán su presión verdes y celestes. El rechazo parece perder votos dado que el nuevo proyecto tendría menos resistencias. Un análisis de la periodista Gabriela Pepe para Letra P indicó que los mandatarios provinciales que jugaron fuerte contra la ley en 2018 ahora bajarían el perfil para no confrontar con el presidente y darían libertad de acción a sus senadores y senadoras. En ese sentido, las provincias del norte (de perfil más tradicional y religioso y cuyos legisladores y legisladoras en su mayoría votaron en contra), ahora abrirían el juego. Quienes se oponen, tendrán que buscar salidas elegantes ante sus propias convicciones religiosas y al lobby de católicos y evangélicos si cambian de postura.

Las posiciones de las y los pampeanos

En La Pampa el lobby religioso parece que no va a tener chances tampoco en esta oportunidad, y menos esta vez. Los dos bandos están bien definidos, sobre todo por la continuidad de seis de los ocho legisladores nacionales que votaron hace dos años sobre el proyecto de despenalización del aborto.

Al frente del gobierno provincial ahora está Sergio Ziliotto, que como diputado fue quien dio vuelta la votación hace dos años y logró el puñado de apoyos para dar la histórica victoria verde en la Cámara baja. Los tres diputados provinciales actuales del peronismo, Ariel Rauschenberger, Melina Delú y Hernán Pérez Araujo, estarán a favor de la aprobación de la ley. Los dos primeros lo hicieron en 2018, junto a Ziliotto. Pérez Araujo va convencido al recinto: durante la campaña de 2019 el tema fue parte de su discurso y hasta lo ratificó frente a sectores que le fueron a reclamar sobre su definición. Del lado de la oposición pampeana, Martín Maquieyra del PRO estará en contra, una posición que ya adoptó en la votación anterior. Falta saber qué hará el radical Martín Berhongaray. Votará por primera vez, y el anterior legislador radical, Daniel Kroneberger, lo hizo a favor. Esta vez Berhongaray llega sin una definición. Es un dirigente de posiciones intermedias que prefiere andar la senda de la moderación. Durante la campaña hubo quienes desde la militancia de la llamada “dos vidas” le pidieron en distintas reuniones por esta cuestión y los escuchó atentamente. Ante una consulta del autor el legislador indicó que “una vez que lo presente, lo empezaré a analizar. Veremos cuál es la iniciativa en concreto”.

Sin necesidad de ningún lobby

Legisladores nacionales del peronismo indicaron al autor que no habían tenido ningún llamado o pedido para reunirse por parte de los grupos religiosos sobre la anunciada ley, y que consideran que tampoco los tendrán porque ya conocen su postura. La llegada de Ziliotto al gobierno, el escaso caudal de votos que obtuvieron las listas que jugaron decididamente a favor de la posición celeste en las elecciones provinciales de 2019 (Comunidad Organizada y Pueblo Nuevo) y el alineamiento del peronismo pampeano con el gobierno nacional, abonan el terreno para definir un voto favorable de antemano.

En cuanto al Senado, ya se sabe con antelación cómo van a votar los dos senadores y la senadora pampeana que estuvieron en el tratamiento de la ley en 2018. Los peronistas Daniel Lovera y Norma Durango a favor, y el radical Juan Carlos Marino en contra. Un calco de agosto de 2018.

Se viene el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y una nueva batalla pública y mediática en torno a un tema que genera posturas encontradas y transversales en casi todos los sectores. No habrá demasiada sorpresa entre las y los legisladores pampeanos que definieron la trinchera que ocuparán.

Discurso de Ziliotto: ¿el lanzamiento del Estado peronista 2.0?

Por Norberto G. Asquini

El gobernador Sergio Ziliotto abrió el año legislativo y presentó su programa de gobierno. Si la oposición se quejó del discurso del presidente Alberto Fernández porque a su entender no tenía planteos económicos de fondo, si a Axel Kicillof se le reclamó que en el suyo faltó un plan, en el del mandatario pampeano hubo definiciones y políticas económicas concretas y proyectos de ley para ingresar a la Legislatura.

Ziliotto, volvemos a repetir, es el primer gobernador pos-generación del 83, el de la llamada renovación generacional, y en cada paso que da quiere demostrar su impronta. Tiene el respaldo de los votos que lo eligieron, pero debe legitimarse en la gestión. Sucesor de Carlos Verna, su discurso fue contundente en definiciones económicas y políticas. Por lo que el discurso sirvió, a tono con el del 10 de diciembre pasado, para mostrar el rumbo que tendrá su gobierno.

Basado en la herencia financiera recibida de Verna, cuyos números se mantienen guardados, tiene con qué mostrar hacia dónde quiere ir su gestión. Abrió el discurso apelando al papel histórico del Estado peronista como motor de la economía: la inversión pública y su intervención en lo social. El Estado como ordenador de la economía y la distribución social con una necesidad: generar empleo. Ese ha sido el papel tradicional que le dieron la mayoría de los gobiernos peronistas.

Vamos a los datos fácticos: destacó el rol de fomento del Banco de La Pampa (no como un mero agente financiero más), lanzó planes como el de 1.000 viviendas y de préstamos para casas (un guiño a la clase media), destacó el lugar de los privados y las cooperativas, habló de los planes energético y turístico y anunció una fuerte inversión en General Pico. Las palabras desarrollo, contención, promoción, empleo y solidaridad fueron repetidas una y otra vez.

“La mejor política social es la de generar empleo”, afirmó para mostrar cuál es el norte de su planteo, un objetivo complejo en la situación actual de crisis del país. Por ahora, están los paliativos para la contención social y que a la vez sirven para dar movimiento económico a la provincia. Como indicó el diputado Francisco Torroba, es la idea de un Estado presente, la que es apoyada por la mayoría de las y los pampeanos.

También hizo gestos y mostró apertura, como la actualización de la cuota para quienes tienen viviendas sociales como forma solidaria de devolver el apoyo estatal; la descentralización administrativa; la apelación a la transparencia de los números frente a la sociedad; la lucha contra la violencia de género y la paridad en los ámbitos políticos; o una ley de seguridad más democrática y participativa.

Ziliotto cerró su discurso con la apelación a un Estado moderno y eficiente, de objetivos concretos y herramientas precisas. Casi pareció semejarse a las palabras de Alberto Fernández cuando dijo “somos científicos, no CEOS”. Ese cierre pareció mostrar que se pretende una superación del papel tradicional del Estado pampeano.

Desde la oposición hubo algunas críticas a los planteos del gobernador (ese es el rol de las demás fuerzas políticas) sobre medidas puntuales y hasta de la falta de referencia al campo, un actor central en la economía provincial. No las hubo al programa en general.

Más allá de los planes y acciones que enumeró el gobernador sean un modelo y la realidad es la que manda en política y condiciona cualquier plan que se pretenda lleva adelante, cabe pensar: ¿estamos ante el lanzamiento del Estado peronista 2.0 en La Pampa? Un Estado moderno y eficiente, plantado en el siglo XXI, es la marca que quiere establecer y dejar Ziliotto durante su gestión. Los lineamientos estuvieron en el discurso, ahora falta concretarlos. La única verdad, finalmente, es la realidad.

Las grietas internas de la oposición en La Pampa

Por Norberto G. Asquini

La oposición en La Pampa, dispersa y difusa, intenta reorganizar su lugar en el escenario político. Las disputas sectoriales, los intereses personales y el instinto de supervivencia están más presentes en sus filas que las posibilidades de llegar a consensos.

La oposición, lejos del poder

¿Qué es de la oposición actual en La Pampa? Un conglomerado disperso y difuso en el que todos quieren hacerse camino a futuro, pero en el que unos trastabillan con otros. Ya con Cambiemos-Juntos por el Cambio lejos de la Casa Rosada, el escenario en la provincia quedó despejado para que cada sector intente hacer su juego. Pero chocan unos contra otros. Y nadie es nada por sí mismo.

A nivel nacional la oposición se está reconfigurando lejos del poder que acariciaron y desperdiciaron en cuatro años. La convivencia no es fácil mientras se acomodan a ser opositores. No hay liderazgos fuertes a la vista, salvo el de Mauricio Macri, si bien está desperfilado en el llano. Mientras tanto, el peronismo goza de los beneficios de tener una oposición en proceso de reorganización. Mientras, para hacerle frente, la oposición disimula los rencores mutuos y mantiene cierta unidad después de su traumática salida del poder. En el Congreso hay cierto pacto no escrito que apunta a votar unidos como ocurrió con la ley de emergencia, hacer valer su mayoría aritmética legislativa cuando pueden y evitar pases de facturas internos.

Todos pelean por encabezar y llegar como mejor opción tanto a 2021 como a 2023. El radicalismo se quiere plantar y buscar un nombre suyo como presidenciable, algo casi improbable por ahora. Se disputan los nombres de Alfredo Cornejo o Gerardo Morales, se pelean espacios en Diputados, mete la cuchara Nosiglia en el Senado y Ricardo Alfonsín se va de embajador de Alberto Fernández. En el PRO ocurre algo similar: Macri se queda con el partido de la mano de Patricia Bullrich, pero confrontan a futuro con su figura Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

Las grietas pampeanas

En La Pampa no hay mucho más de nuevo en el escenario político. En la UCR se mantiene un estado de debate interno que contiene tantos puntos de vista como dirigentes radicales hay. Algunos semejan a la situación partidaria como “un barco a la deriva”, sin posibilidades de unificar criterios. Los cuatro sectores visibles siguen bien marcados: el de Francisco Torroba, el de Juan Carlos Marino, el de Daniel Kroneberger y los que siguen a Hipólito Altolaguirre y Martín Berhongaray. Son los nombres tradicionales, liderazgos compartidos, que no tienen amplios consensos pero que tienen sus seguidores. Que pueden ser criticados, pero que cobijan al resto bajo sus nombres a la hora de pelear espacios. Parte del instinto de supervivencia para los que vienen detrás, se dice.

Esto lleva a sostener por un lado una situación de internismo permanente y por otro a no dejar crecer nada, o poco, debajo de esos personalismos. Los analistas afirman que, por ejemplo, para 2021 ya se observa nuevamente un escenario previsible en el que habrá poca renovación: Marino volvería a disputar el cargo de senador y Kroneberger a presentarse para recuperar la diputación. Podría haber interna para pelear los lugares entre los dos o un nuevo acuerdo para repartírselos, pero seguramente estarán sus nombres en juego. Marino lleva 18 años en su banca del Senado y podría querer mantenerse otros 6 más. A sus 57 años es un “joven viejo”, según lo caracteriza un dirigente radical, con demasiado camino y resistencias internas, pero con algo que no tienen los demás: recursos económicos. La renovación es una cuestión que se va dejando para resolver más adelante, mucho más adelante. La repetición de los mismos dirigentes a la hora de las grandes definiciones ahoga la aparición de nuevas voces.

Más hacia dentro

Si esta es la política provincial, en la local tenemos algunos movimientos precoces. Los intendentes son críticos a este estado de cosas, pero finalmente terminan “buscando el consenso” y apoyando lo que se defina entre los principales dirigentes. Mientras tanto, se van perfilando algunos dirigentes a futuro, como los intendentes Abel Sabarots de Acha o Sergio Arrese de Guatraché o el diputado Berhongaray, pero cuyas figuras se piensan para mucho más adelante que 2023.

Sobre el futuro de la alianza opositora, hoy dividida, la gran mayoría está segura que en 2021 volverán a estar en la misma boleta. La alianza nacional da cobertura a las necesidades locales.

Y si hay división en las opiniones de las y los radicales en cuanto a seguir a uno de los dirigentes tradicionales o apostar a la renovación, todavía hay más contradicciones en qué hacer con el PRO. Vamos a los ejemplos de cómo se relacionan hoy ambas fuerzas en distintos ámbitos: en Quemú Quemú la banca opositora se llama orgullosamente Cambiemos, en General Acha se mantienen unidos como “Juntos por Acha” esquivando la alianza nacional y provincial, en Santa Rosa y General Pico se dividieron las bancadas y en Guatraché son partidarios de la Lista 3.

Del lado amarillo

Por su parte, el PRO trata de acomodarse a la etapa pos-Macri. Carlos Mac Allister, su figura central y de la coalición Propuesta Federal desde 2013 hasta 2019, por ahora parece mantenerse alejado de las apariciones públicas. No tiene cargos, pero está presente en las definiciones políticas. Sus diputados, intendentes y concejales intentan sostener ese espacio político, pero sin figuras que por ahora destaquen. Y no sin disidencias. En abril habrá renovación partidaria en el PRO y ya se anuncia que al diputado Martín Ardohain, o al que se proponga desde ese sector, le saldrán competidores entre aquellos dirigentes que se quedaron sin cargos en 2019.

 Coparticipación en disputa: la torta más deseada y un juego de suma cero

Por Norberto G. Asquini

La Coparticipación es un tema espinoso en la política. En La Pampa, entre los interesados, hay quienes se quejan de la ley, están quienes quieren debatirla o los que pretenden modificarla, pero llegado el momento todo queda en la nada. Es que no hay mucha magia: es siempre la misma torta que se debe repartir en 80 pedazos, y todos temen quedar entre los perdedores.

El tema más conflictivo

El tema volvió a ponerse en discusión luego que el gobernador Sergio Ziliotto anunciara que presentará un proyecto de ley para modificar la normativa actual, la Ley 1065 de Régimen de Coparticipación. No se sabe mucho sobre qué es lo que se propondrá (la iniciativa ingresará en los próximos días a la Legislatura), pero algunos intuyen hacia dónde apunta. Tampoco se sabe los motivos de la premura con la que el mandatario provincial presentó el tema en extraordinarias, si bien una ley de semejante trascendencia para los municipios tomará meses de debate. El autor consultó con algunos jefes comunales, que tenían más dudas que certezas en torno al anuncio, sobre todo qué se quiere modificar (si bien lo sospechan) y el por qué del apuro en considerar el tema.

Cada modificación del reparto coparticipable es esencialmente una disputa política. La torta crece nominalmente, pero siempre es la misma para todos. Por eso es un juego de suma cero: lo que gana uno, lo pierden otros. Además se tienen que considerar criterios que se usan para distribuir la masa de fondos coparticipables para intentar moderar las distorsiones entre localidades grandes y chicas, o con más o menos recursos.

De esta manera, se estableció, y este es uno de los puntos conflictivos, que un porcentaje se distribuye en base a los recursos propios (tributarios y no tributarios) percibidos por cada localidad con respecto al total de ellas. O sea, todos los recursos propios que le ingresan. Las quejas van en el sentido de que algunos “chicos” incorporaron como recursos propios conceptos no tributarios de difícil control y cuantificación. Por ejemplo, y es el ejemplo que siempre se da, la facturación de las estaciones de servicios administradas por los municipios. Este es el punto álgido entre grandes y chicos.

Números que se inflan

Este punto ha distorsionado, en la visión de los que pierden con este criterio (las grandes), la distribución. “En 2017 la inflación fue del 25%, el promedio del aumento de los recursos propios de los municipios llegó al 50 %, pero había localidades chicas que habían aumentado hasta más del 70% sus recursos sumando todos los no tributarios. Con esto inflaban el índice de lo que les tocaba”, indica una fuente de gobierno que participó del debate y las consultas que se realizaron por toda la provincia en 2018.

En ese sentido, es que desde el Ministerio de Hacienda se trata de morigerar estas distorsiones. Sobre todo frente a las municipalidades grandes que “pierden” frente a las chicas. Y entre las que están Santa Rosa y General Pico, que además son deficitarias y necesitan constantemente recursos. Una de las quejas, es que las grandes tienen mayores controles a la hora de blanquear los recursos propios, por lo que corren en desventajas con las chicas que, según su visión, los “inflan”.

Por supuesto, desde la mirada de las chicas, el papel que ha jugado este criterio en la distribución de los fondos permitió que pudieran contar con recursos que sólo pueden tener las localidades grandes y que los necesitan para sostener sus pueblos, y que el Estado provincial jugó un rol protectivo hacia esos municipios dotando de cierta equidad al reparto frente al centralismo de Santa Rosa y General Pico.

La ley que no fue

En 2018 el gobernador Carlos Verna presentó un proyecto de ley, impulsado por el ministro de Hacienda Ernesto Franco, que había sido “consensuado” con las y los intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento. Eran modificaciones a la ley que tenía entre sus puntos centrales una clasificación, o clarificación, sobre los recursos tributarios y una fórmula para moderar o amortiguar las variaciones, ya fueran de más o de menos, en los índices dándole una progresividad.

La iniciativa ingresó cuando se venían los tiempos electorales de 2019, que se adelantaron a febrero. Discutirla hubiera llevado un debate que habría dejado intendentes heridos. Y después ya no se pudo retomar el tema porque había jefes comunales que estaban dejando el cargo y otros que esperaron meses para asumir. La ley del Ejecutivo quedó varada, como pocas, en la comisión respectiva. Entre medio, hubo intendentes que mostraron su disconformidad, en charlas “por debajo de mesa” con los diputados que debían tratarla, con la letra de la iniciativa.

Ahora hay una nueva posibilidad de rediscutir los términos. Ya hay quienes empezaron a advertir sobre los cambios, como el intendente de Algarrobo del Aguila, uno de los “beneficiados” por las estaciones de servicio.

Más allá de que esté el mismo ministro en funciones que en 2018 y de su óptica sobre la distribución de la masa coparticipable, hoy hay otro gobernador y otra composición en la Cámara de Diputados. En el bloque oficialista el vernismo tiene ex intendentes, al ex secretario de Asuntos Municipales y legisladores que responden a jefes comunales.

No va a ser fácil el proceso de modificar esta ley. Sobre todo cuando el gobernador Ziliotto dijo que hay que consensuar los cambios. Principalmente porque se tienen que poner de acuerdo 80 intendentes e intendentas, y cada uno tiene sus intereses. Y ninguno se quiere quedar con menos plata de la que pretende.

amortiguar las variaciones, ya fueran de más o de menos, en los índices dándole una progresividad.

La iniciativa ingresó ya cuando se venían los tiempos electorales de 2019, que se adelantaron a febrero. Discutirla hubiera llevado un debate que hubiera dejado intendentes heridos. Y después ya no se pudo discutir porque había jefes comunales que estaban dejando el cargo y otros que esperaron meses para asumir. La ley el Ejecutivo quedó varada, como pocas, en la comisión respectiva. Entre medio, hubo intendentes que mostraron su disconformidad por abajo en la letra de la iniciativa con los diputados que debían tratarla.

Ahora hay una nueva posibilidad de rediscutir los términos. Ya hay quienes empezaron a advertir sobre los cambios, como el intendente de Algarrobo del Aguila, uno de los “beneficiados” por las estaciones de servicio.

Ahora, más allá de que esté el mismo ministro en funciones y de su óptica sobre la distribución de la masa coparticipable, hay otro gobernador y otra composición en la Cámara de Diputados. En el bloque oficialista el vernismo tiene ex intendentes, el ex secretario de Asuntos Municipales y legisladores que responden a jefes comunales.

No va a ser fácil el proceso de modificar esta ley. Sobre todo cuando el gobernador Ziliotto dijo que hay que consensuar los cambios. Principalmente porque se tienen que poner de acuerdo 80 intendentes e intendentas, y cada uno tiene sus intereses. Y ninguno se quiere quedar con menos plata de la que pretende.