Marino propone beneficios para quienes alquilan

El senador nacional Juan Carlos Marino presentó un proyecto que busca blanquear los ajustes en los contratos de alquiler, hoy prohibidos por ley 25.561, al incorporar un método de actualización permanente en base al Índice de Variación Salarial, al tiempo que también incorpora cambios en las multas por la rescisión anticipada del contrato. Las reformas buscan una relación más equitativa entre dueño y locatario.

El proyecto reforma la Ley de Alquileres en sus artículos 3 y 8. Propone que para el ajuste del valor de los alquileres se utilice el Índice de Variación Salarial que publique el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y que, en caso de rescindir el contrato de manera anticipada, quede estipulado el pago de sólo un mes de indemnización durante el primer año de contrato y ninguna indemnización durante el segundo.

“Actualmente la relación entre locador y locatario es incierta y quien alquila se ve obligado a aceptar condiciones perjudiciales como tolerar cláusulas de actualización de lo más variadas -aseguró Marino-. Con estas reformas lo que pretendemos es equilibrar la relación contractual otorgando estabilidad y mayores beneficios a quien alquila”.

El senador aseguró que existe una necesidad creciente de alquiler de unidades habitacionales lo que se debe, en parte, a la dificultad actual de comprar un terreno o casa: “La casa propia es un anhelo de todos pero que lamentablemente se ha vuelto muy difícil de concretar, esta es una de las causas por las cuales la cantidad de hogares alquilados es cada vez mayor. Y, ante esta necesidad, muchas veces los locatarios aceptan condiciones arbitrarias e injustas”.

Marino resaltó que la intención de su proyecto es regular esta situación desigual existente en la relación de alquiler y alivianar la carga de las personas o familias que se ven obligadas a alquilar, en especial, los padres de familia que deben inevitablemente utilizar este método cuando sus hijos se van a estudiar.

Por otra parte, el legislador reconoció la necesidad que poseen los dueños de actualizar el precio del alquiler teniendo en cuenta el nivel inflacionario existente. Sin embargo, propone que la actualización sea estipulada por ley, en base a un indicador objetivo de modo de evitar posibles abusos.

“En una economía con problemas inflacionarios como la que tenemos actualmente es lógico que el locador pretenda una actualización en el precio de alquiler, eso nadie lo discute, pero el aumento debe estar regulado, no puede ser un número antojadizo. Es necesario proteger a la parte más vulnerable de la relación contractual que es el locatario. Por eso propongo que se utilice el Índice de Variación Salarial del INDEC para la actualización del precio de alquiler. Sólo estandarizando el procedimiento de actualización vamos a proteger al locatario de posibles abusos”, explicó.

En relación a la rescisión anticipada del contrato, Marino informó que actualmente cuando un locatario quiere rescindir el contrato durante el primer año de vigencia debe pagar un mes y medio de alquiler en concepto de indemnización y, durante el segundo año, un mes. La propuesta del radical modifica los montos reduciendo el pago a un mes durante el primer año y eliminando el cargo durante el segundo año.

“Hoy en día la posibilidad de volver a alquilar un departamento es de una viabilidad casi inmediata, por eso pretendemos reducir el monto indemnizatorio de la rescisión.  La idea es que la relación de alquiler sea beneficiaria para ambas partes, que tanto el dueño como quien alquila tengan previsibilidad y condiciones justas” concluyó Marino

El hijo de Calvente estuvo “varado” en Salud Mental por un conflicto de poderes

El adolescente de 17 años, que cumplirá los 18 en el mes de junio, está acusado de intento de doble homicidio a su exnovia y al actual novio de la chica. La jueza, a última hora del sábado, dispuso que la Dirección de Niñez y Adolescencia se haga cargo. La asesora de Menores, Graciela Massara, habría intentado retirar ella misma al chico de Salud Mental (foto).

El caso que conmociona a Macachín ahora también tiene sus repercusiones en la capital pampeana. El conflicto de poderes desatado en torno al caso de uno de los hijos del viceintendente de esa localidad, Gustavo Calvente, tuvo ayer un nuevo capítulo y el chico estuvo virtualmente “varado” en el área de Salud Mental del Hospital “Dr. Lucio Molas”.

Tal como dio a conocer El Diario de manera exclusiva, el joven acusado de intento de doble homicidio a su exnovia y al actual novio de ella pasó toda la noche del viernes y la madrugada de ayer en ese lugar porque la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia y la Dirección General de Niñez y Adolescencia -ambos organismos dependientes del Ministerio de Bienestar Social- decidieron plantarse ante la jueza de Menores, Gabriela Manera, y rechazar la petición para que el adolescente vaya a la casa de una tía y sea alojado en el IPESA.

La polémica se inició el pasado viernes. Las autoridades gubernamentales presentaron una denuncia en la Seccional Séptima en la que dieron sus argumentos para justificar por qué razón no cumplían con la orden judicial de llevar al chico a la casa de una tía, aquí en Santa Rosa, y tampoco se hacían cargo de la guarda.

Antes, durante el transcurso de toda la tarde, hubo fuertes cruces con el área de Salud Mental del Molas. Para hacer efectiva la internación en el IPESA, las autoridades de Familia y Niñez y Adolescencia necesitaban un certificado de alta médica que los profesionales se negaron a otorgar con el argumento de la postura judicial que hizo llegar Massara.

Finalmente, a última hora de anoche, la jueza dispuso que el chico recibiera el alta de Salud Mental y que quedara bajo la guarda de Niñez y Adolescencia, “para que sea alojado donde el organismo disponga”, según detallaron fuentes oficiales a El Diario. Pero desde la Dirección quieren que la magistrada resuelva si puede ir al IPESA, algo que no fue especificado en la resolución.

“El chico durmió en el lugar junto a un operador porque seguimos sin conseguir el alta médica para poder internarlo en el IPESA”, confirmó ayer a la mañana a este diario la misma fuente.

Por la tarde, la situación no cambió demasiado. Luego de varias idas y vueltas, y aunque los profesionales médicos determinaron que el chico tiene que llevar adelante un “tratamiento ambulatorio” a cargo de sus padres y con el acompañamiento de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, la subsecretaria Kalhawy y el director José Ignacio de la Iglesia presentaron un escrito en la guardia del Juzgado del Menor y la Familia en el que solicitaron formalmente que -a pesar del diagnóstico médico- el joven igual sea internado en el IPESA.

“A su vez, es un pedido judicial para que se nos revele el alta médica, para no caer en el incumplimiento de una orden judicial. Está establecido en la ley que para poder internar a una persona en el IPESA tiene que tener el alta médica, tiene que estar apto para eso y no sufrir una situación que merezca la internación en otro lugar… como, por ejemplo, en Salud Mental”, destacaron desde el organismo gubernamental.

La jueza Gabriela Manera no pudo ser hallada ayer por este diario. A pesar de las numerosas llamadas a su celular, y del cruce de un mensaje de texto, nunca atendió el teléfono. Manera es jueza de Menores sustituta, y hace unos días atrás finalizó el concurso para determinar si la magistrada quedará de manera titular en ese cargo: el resultado del examen no la favorecería.

Enojo y nerviosismo 

Ayer a la mañana, un equipo periodístico de El Diario llegó al área de Salud Mental justo en el momento en que la asesora de Menores, Graciela Massara, también se metía en la polémica. Supuestamente, de acuerdo a lo que trascendió, pretendía sacar al chico en su auto particular.

La presencia del periodista y un fotógrafo incomodó a la funcionaria judicial que, con gestos ampulosos, hizo que el menor -quien en ese momento estaba acompañado por su padre y un operador de la Dirección General de Niñez y Adolescencia- ingresara otra vez hacia el interior de esa dependencia del Molas.

Después, nerviosa y molesta por la presencia de este diario, Massara se negó a entablar cualquier tipo de diálogo y entró y salió varias veces del lugar hablando por su celular.

“Nos advirtió que iba a presentar una denuncia porque no estábamos atendiendo las cuestiones humanitarias del chico. No sabíamos de su presencia allí, pero seguramente iba a llevarlo a la casa de la tía, ya que tiene autoridad para hacerlo, pero parece que después se arrepintió ante la presencia de un medio de comunicación. Sabemos que luego de todo esto el chico quedó en Salud Mental porque nos lo confirmó el operador”, dijo a este diario una fuente ligada al Ministerio de Bienestar Social.

Sangriento

El ataque ocurrió durante la madrugada del pasado domingo, a las 6 de la madrugada. Las víctimas (la chica, de 17 años, y su actual pareja, de 21) llegaron a la casa ubicada en el barrio Los Sauces, de Macachín.

Cuando ingresaron a la vivienda, en una habitación estaba el exnovio de la chica. En sus manos tenía un hacha que había sacado del garaje.
Allí, lanzó un feroz ataque contra la pareja actual de su exnovia. El chico atacado recibió cortes en los brazos, los antebrazos, el cuerpo, la cabeza y el cuello. La chica quedó con moretones en todo su cuerpo y también recibió un hachazo en una mano.

El joven herido huyó hacia el boliche Batachá y dio aviso a un móvil policial, que salió hacia la casa. En ese lapso, el joven atacante retuvo a su exnovia. Cuando escuchó las sirenas policiales, salió corriendo, pero fue demorado. El juez Daniel Sáez Zamora ordenó que quede en libertad. Pero el caso llegó luego a las manos de la jueza Manera, ya que el chico es menor de edad.

La Pampa, una de las provincias más competitivas

La provincia de La Pampa fue evaluada con una calificación alta entre las jurisdicciones más competitivas del país, detrás de la ciudad de Buenos Aires y Río Negro, a partir de un informe nacional que trata directamente sobre la competitividad de 24 distritos argentinos y su atracción para las inversiones.
El informe desarrollado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) entrega un ranking con puntuaciones de 0 a 1, y el indicador está compuesto por siete subindices: Finanzas, Gasto público, Política tributaria y de ingresos, Gobierno eficiente y eficaz, Infraestructura básica, económica y social, Salud y Educación.
El ranking está encabezado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 0,704 puntos, seguida por las provincias de Río Negro (0,619), La Pampa (0,611), San Luis (0,607) y Córdoba (0,585). Estas jurisdicciones se encuentran ubicadas en el primer grupo, con calificación de alta competitividad, según señala el trabajo.
Más atrás se ubican, con una evaluación media, las provincias de Mendoza (0,543), Tierra del Fuego (0,538) y San Juan (0,528), mientras que en el otro extremo, las menos competitivas son Chaco (0,45), Santiago del Estero (0,449), Jujuy (0,435) y Formosa (0,39).
Otro capítulo del informe mide a su vez si entre las prioridades de los gobiernos está directa o indirectamente la formación de recursos humanos y acumulación de capital. En este ítem, La Pampa se ubica segunda, detrás de San Luis y delante de Formosa. Las peores notas las sacó Buenos Aires, seguida por Neuquén y La Rioja.
Con respecto a la infraestructura, La Pampa está en el cuarto puesto, detrás de Río Negro, que obtuvo la mejor puntuación, Tierra del Fuego y Santa Cruz, mientras que en el extremo opuesto se ubicaron San Juan, Buenos Aires y Santiago del Estero.
Esto refiere a la cobertura de servicios básicos, tales como drenaje y electrificación, variables de distribución de ingresos, equidad salarial por género, pobreza, discriminación por género, desempleo, dependencia económica y ocupación informal, entre otras variables.

Conclusiones.
En las conclusiones, se indica que con excepción de Capital “las jurisdicciones más competitivas tienen como denominador común una densidad poblacional relativamente baja, que facilita de alguna manera la buena performance de sus gobiernos en cuestiones de competitividad, especialmente aquellos vinculados a infraestructura social y económica”.
Según el informe, “la competitividad puede definirse como el conjunto de factores, instituciones y políticos que determinan el nivel de productividad de una región y sus posibilidades de alcanzar el crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo”.
Se tratada de características cada vez más consideradas por los empresarios cuando localizan alguna de las actividades, considerando que “este concepto tiene una dimensión nacional, sin embargo es cada vez mayor la atención que el enfoque regional de la competitividad tiene entre académicos, empresarios y gobierno; especialmente en países federales con características geográficas y económicas dispares como las de Argentina”.
Además de aspectos vinculados a la gestión pública, el estudio captura cuestiones centrales de la discusión de competitividad como las ventajas “artificiales” que brinda la competencia de los gobiernos provinciales por fondos coparticipables y transferencias discrecionales, y aquellas derivadas de regímenes de promoción industrial.
La Pampa también está dentro de las provincias con mejor referencia en cuanto al gasto público, vinculado a la competitividad. Está detrás de San Luis y delante de Formosa y Santiago del Estero. En tanto que en el extremo inferior de la serie, las jurisdicciones de Buenos Aires y Neuquén ocupan las últimas posiciones del ranking.

Fuente La Arena

Polémicos panfletos en General San Martín

Un panfleto anónimo apareció diseminado por distintos puntos de General San Martín, solicitando que el pueblo se despierte ante la supuesta “invasión de la droga”.

El anónimo, que como tal, esconde la identidad de quien denuncia una situación grave en forma pública, ha despertado una honda preocupación en la comunidad, ya que en él se mencionan muchos nombres que “deberían ser investigados”.
Estos nombres están determinados en tres ítem. En el primero se nombran a los “consumidores que traen y reparten”, donde se pueden observar a jóvenes allegados a funcionarios públicos y a algún comerciante. En el segundo figuran los “Repartidores”, donde también se hace referencia a un hijo de una funcionaria. Y finalmente aparecen los nombres de los consumidores.
La gravísima acusación no deja de ser una actitud deplorable, porque la persona que tiró los panfletos debería haberse presentado ante la justicia con las reservas que la Ley prevé para estos casos. De todas maneras, tal vez sirva como punto de partida para una investigación que le dé luz a la posible verdad o en su defecto, se limpien los nombres de quienes son mencionados en ese anónimo.
Ante la preocupación reinante en la localidad, se pudo saber de fuentes confiables, que de esta situación ya tendría conocimiento la División de Lucha contra el Narcotráfico de la policía pampeana y que hoy arribaría al pueblo autoridades de la Unidad Regional III.

Fuente La Arena