El Consejo Federal de Zonas Francas Argentinas, integrado por 15 provincias y 18 zonas francas, se reunió ayer en la Casa de La Pampa en Buenos Aires, donde consensuó un documento en el que reclama la modificación de la Ley 24331 que regula la actividad de estas áreas productivas en el país.
El encuentro estuvo encabezado por el presidente del Consejo, el cuyano Sebastián Lavandeira Muñoz, y la directora de Relaciones Institucionales del Comité de Vigilancia Zona Franca del ministerio de la Producción de La Pampa, Alejandra Alonso.
La funcionaria pampeana explicó que “las provincias que integran el Consejo Federal de Zonas Francas Argentinas pretenden obtener los beneficios con los que actualmente cuenta La Pampa, esto es, la posibilidad de ingresar la producción de las zonas francas al territorio y reducir las cargas sociales que pagan las empresas que operan en ellas”.
El documento acordado propone graduar las contribuciones patronales, de forma tal que haya una reducción escalonada de las cargas sociales. Asimismo, busca habilitar a todas las zonas francas a vender su producción en el país, manteniendo el beneficio de La Pampa otorgado por el decreto del PEN 285/99 ratificado por la Ley 25237.
Asimismo, los representantes provinciales resolvieron solicitar una audiencia al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, a fin de entregarle el proyecto de Modificación de la Ley 24331.
Alejandra Alonso destacó el papel que cumple la Zona Franca General Pico en la matriz productiva de la Provincia. “Es un polo muy importante en La Pampa. Actualmente operan allí 18 empresas que elaboran desde camisas a silo bolsas, o brindan servicios como call center”, explicó la funcionaria.
La zona franca pampeana se encuentra ubicada en la ciudad de General Pico, lo que le brinda una posición estratégica en cuanto al acceso a los principales puertos del país. Se trata de un polo de desarrollo industrial, comercial y de servicios que cuenta con beneficios tales como ventas dentro del territorio, reducción del 100% de las contribuciones patronales y de la seguridad social, reintegro del 100% de las contribuciones correspondientes a obras sociales y de riesgo de trabajo, y exención de impuestos provinciales y municipales.
